Se ha trasladado de la sede de la FMC a la Casa de Cultura de Torrelavega

La Casa de Cultura «Hermilio Alcalde del Río» de Torrelavega ha acogido esta mañana el curso sobre Intervención administrativa en uso de suelo y edificación, impartido por la jefa del Servicio de Obras-Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Santander, Marta Barca, y el arquitecto municipal, Ramiro Amorrortu. Se trata de la primera acción formativa que se celebra tras su suspensión en el mes de marzo debido a la situación epidemiológica producida por el Coronavirus (COVID-19).

Antes de comenzar la acción formativa han intervenido el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro, y el director del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), Pedro García Carmona, quienes han dado la bienvenida a los asistentes agradeciéndoles su asistencia en las especiales circunstancias actuales.

Esta semana también se iniciarán los cursos sobre Gestión de personal en las administraciones locales, a cargo del interventor de Torrelavega, Casimiro López, y de la jefa de Personal, Azucena Rosellón; y la contratación pública local, impartido por el secretario de Reocín, Agustín Villalba.

Comienzo de los cursos aplazados

En el mes de octubre se retomarán dos de los cursos que se iniciaron en el mes de marzo en la sede de la propia Federación y que fueron aplazados sobre Nuevo régimen jurídico de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuyo coordinador es el jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad, Joaquín Cayón; y Régimen de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. Análisis práctico de la Ley de Cantabria 3/2017, coordinado por el técnico de Gestión del Ayuntamiento de Arnuero, Agustín Calvo.

Finalmente en el mes de noviembre se desarrollarán las tres últimas acciones formativas sobre la jornada de trabajo de los empleados públicos locales: aplicación e incidencias derivadas de permisos y medidas de conciliación, a cargo del letrado de la Asesoría Jurídica de Santander, Jerónimo Marcano; la reforma de la Ley del Suelo y la simplificación de trámites en la elaboración del Plan General, coordinada por el jefe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Emilio Misas; el procedimiento administrativo común: elaboración práctica de actos administrativos impartida por el secretario de Reocín, Agustín Villalba; y la gestión presupuestaria en las entidades locales. Implicaciones con la normativa sobre estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la lucha contra la morosidad, a cargo de los interventores de Torrelavega, Casimiro López, y Polanco, Germán García Calle.

El jurado ha concedido los dos accésits, dotados con 10.000 euros cada uno, a Aja, en Soba, y Cicera, en Peñarrubia

La localidad de Pujayo, en el municipio de Bárcena de Pie de Concha, se ha proclamado ganadora del Premio Pueblo de Cantabria 2020, dotado con 130.000 euros para mejorar su entorno natural, arquitectónico y cultural con el objetivo de evitar el despoblamiento rural y la potenciación de la zona.

En la decisión, adoptada por unanimidad del jurado, del que ha formado parte el vicepresidente segundo de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto, se ha valorado, además del atractivo del pueblo, la capacidad de los proyectos presentados por el Ayuntamiento para generar inversión futura y la preocupación de los vecinos por intentar ejercitar obras públicas o privadas que hayan ayudado a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

Pujayo es una localidad que cuenta con un patrimonio edificado muy bien conservado. Además, sus espacios públicos se ven desarrollados y las actuaciones llevadas a cabo han renovado muchos aspectos de este pueblo. El proyecto presentado sigue esa línea y se concreta en pequeñas actuaciones de mejora que sirven para impulsar los valores del núcleo que ha sabido mantener sus tradiciones.

Además, el jurado ha concedido dos accésits, valorados en 10.000 euros cada uno, a los pueblos de Aja, en Soba, y Cicera, en Peñarrubia. El primero ha destacado por la buena conservación de sus edificios y la creación de negocios en los últimos años en el ámbito de la madera y la quesería. Por su parte, el núcleo de Cicera, que ha obtenido la tercera mejor puntuación, tiene un potencial turístico muy desarrollado ya que se encuentra en el cruce de las rutas senderistas más transitadas de la región.

Ediciones anteriores

Pujayo se suma a una iniciativa que surgió en el año 2005 y, desde esa fecha, se ha venido entregando de manera ininterrumpida, salvo en los años 2011 y 2013, siendo premiados desde su creación las localidades de Novales (Alfoz de Lloredo), 2005; Caviedes (Valdáliga), 2006; Puente Viesgo, 2007; Mazcuerras, 2008; Udalla (Ampuero), 2009; Tudes (Vega de Liébana), 2010; Barcenaciones (Reocín), 2012; Villaescusa del Bardal (Campoo de Enmedio), 2014; Cosío (Rionansa) en 2016; Mogrovejo (Camaleño) en 2017; Esles (Santa María de Cayón) en 2018 y Barriopalacio, (Anievas), el pasado año.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales presenta a la FMC el nuevo programa de contratación de jóvenes en entidades locales

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha aprobado la convocatoria de un nuevo programa de empleo destinado a jóvenes titulados menores de 30 años para que adquieran experiencia laboral en aquello en lo que se han formado y mejoren así su posicionamiento a la hora de optar a un puesto de trabajo. Este novedoso programa que por primera vez ha puesto en marcha está dotado con 4 millones de euros, lo que permitirá la contratación de cerca de 230 jóvenes por un periodo mínimo de siete meses en las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma.

Según ha explicado la consejera a los representantes de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) en una reunión mantenida al efecto, una de las principales dificultades con que se encuentran las personas desempleadas para encontrar trabajo, especialmente las personas jóvenes, es la necesidad de contar con experiencia laboral, requerida por la mayoría de las empresas que ofertan empleo.

Por ello, este nuevo programa pretende romper esta barrera y brindar a los jóvenes la oportunidad de demostrar en la práctica los conocimientos adquiridos a través de contratos en prácticas remuneradas de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación.

De este modo, la financiación se destinará, por un lado, a cubrir los costes salariales y de Seguridad Social de las personas jóvenes contratadas y, por otro lado, una ayuda destinada a cubrir los costes de tutoría durante los tres primeros meses de contrato.

Selección de participantes

La convocatoria de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, está dirigida tanto a ayuntamientos como mancomunidades, que disponen ahora de diez días hábiles para presentar sus solicitudes ante el Servicio Cántabro de Empleo.

Una vez sea resuelta la convocatoria de subvenciones, éste Departamento, a través de su red de oficinas de empleo, seleccionará a aquellos candidatos que serán contratados por las entidades beneficiarias.

Las personas jóvenes deberán ser desempleadas, beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que figuren inscritas como tales en el Servicio Cántabro de Empleo y que sean demandantes de empleo y servicios. Tendrán prioridad en la selección los desempleados de larga duración y que no perciban prestaciones o subsidios de desempleo.

Cantabria espera contar, antes de que acabe el año, con una estrategia de despoblamiento que incluirá actuaciones concretas para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma, un documento en el que trabajarán cuatro grupos de trabajo sectoriales, coincidentes con las áreas de actuación prioritarias: digitalización y educación; sanidad y servicios sociales; medio ambiente y abastecimiento de aguas, y energías renovables y transporte.

Así se acordó en la segunda reunión del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, presidida por el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, que ha abordado un primer borrador de la estrategia regional para hacer frente al reto demográfico, y a la que han asistido los tres representantes de la Federación de Municipios de Cantabria, Jaime Soto, Julián Fuentecilla y Eduardo Gutiérrez Osoro, alcaldes de Valdeprado del Río, Soba, y San Miguel de Aguayo, respectivamente. También han estado presentes el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco y la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones.

Cantabria acompasará su estrategia al proyecto nacional sobre el reto demográfico mediante la participación de todos los colectivos y agentes apegados al territorio, principalmente la Federación de Municipios de Cantabria y los grupos de acción local. La Comunidad Autónoma presentará el despoblamiento como uno de los proyectos regionales para intentar captar fondos europeos de reconstrucción por la pandemia y además trasladará las singularidades de la región a la estrategia nacional, que se prevé abordar en una próxima conferencia sectorial entre el Estado y las comunidades autónomas.

El Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria es un órgano colegiado y consultivo de las medidas que es necesario poner en marcha para prevenir o paliar los efectos de la pérdida de población en la Comunidad Autónoma, especialmente en los entornos rurales. Está adscrito a la Consejería de Presidencia e Interior, Justicia y Acción Exterior y en él se cuenta con una representación de todas las consejerías del Ejecutivo, la Delegación del Gobierno, la Federación de Municipios (FMC), la Universidad de Cantabria (UC) y los Grupos de Acción Local.

Treinta municipios «prioritarios»

Los trabajos se han iniciado con la delimitación de los municipios de actuación prioritaria por riesgo grave de despoblamiento que son un total de 30: Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca, Vega de Liébana, Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea, Valderredible, Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba y Vega de Pas.

Además, otros 8 se consideran de actuación preferente, que son Cillorigo de Liébana, Herrerías, Ruente, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Rasines, y se presta un tratamiento especial y diferenciado al Valle de Villaverde, que presenta una particular idiosincrasia al estar enclavado dentro del territorio de Vizcaya.

La regionalista Esther Gómez Pascual se ha convertido en la nueva alcaldesa de Valle de Villaverde tras ser elegida por el Pleno del Ayuntamientos tras la dimisión de Javier Pérez Aguirre.

La hasta ahora concejala de Turismo y Cultura ha sido elegida por unanimidad ya que el Partido Regionalista cuenta con los 7 ediles que forman de la Corporación Municipal. Durante la sesión también tomó posesión el nuevo concejal, Víctor Manuel Aguinagalde Echevarría.

Su antecesor accedió al cargo en el año 2017, sucediendo al histórico Pedro María Llaguno, que ostentó la Alcaldía durante 21 años hasta su fallecimiento.

Con la elección de Esther Gómez Pascual son ya 18 las alcaldesas de los ayuntamientos de Cantabria en esta legislatura.

El Gobierno de Cantabria, en su última reunión, ha concedido un total de 23 subvenciones, que suponen una inversión de 1.838.440 euros, para acciones de mejora de la empleabilidad de personas fundamentalmente desempleadas desarrolladas por 13 ayuntamientos y 10 organizaciones sin ánimo de lucro.

Así, el Ayuntamiento de Santander recibirá una ayuda de 153.200 euros, mientras que los de Astillero, Cabezón de la Sal, Camargo, Castro Urdiales, Laredo, Los Corrales de Buelna, Medio Cudeyo, Piélagos, Reinosa, Santa María de Cayón, Santoña y Torrelavega, percibirán una subvención de 76.600 euros cada uno. Por su parte, entidades sin ánimo de lucro recibirán la misma cantidad.

Este programa de acciones de mejora de la empleabilidad tiene por finalidad extender por toda la geografía regional el servicio de orientación profesional que el EMCAN presta principalmente a través de su red de oficinas.

El servicio de orientación profesional es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las transiciones laborales, bien desde la educación al mundo laboral o entre las diversas situaciones de empleo y desempleo que pueden darse durante la vida laboral.

Esta un servicio tiene como propósito principal ayudar a sus usuarios a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación u orientar hacia el autoempleo.

La principal novedad de esta nueva convocatoria, la cuarta desde su comienzo en 2016, es que no estará centrada únicamente en personas desempleadas, aunque tendrán prioridad en el acceso a esta iniciativa, sino que podrán también participar las inscritas como demandantes de empleo, y las ocupadas, con una jornada de trabajo inferior a veinte horas semanales.

En las tres primeras ediciones de este programa han participado 14.864 personas demandantes de empleo.

Atendiendo una vieja petición de la FMC, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de hoy aparece publicado el nombramiento de los tribunales y el listado de aspirantes admitidos a estas pruebas, con las que el Ejecutivo pretende dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos y cubrir las vacantes del personal funcionario con habilitación de carácter nacional en estas administraciones públicas.

El Gobierno prevé celebrar la prueba de aptitud de este proceso durante el mes de octubre. Con esta iniciativa se intentan resolver los problemas que surgen en los ayuntamientos por la falta de secretarios e interventores y que dificulta el su funcionamiento ordinario y, por tanto, de la buena prestación de los servicios públicos municipales.

Desde el Gobierno de Cantabria también se ha demandado una solución al Gobierno de España para que incremente la Oferta de Empleo Público de estos puestos, como Administración competente, y convoque más plazas para consolidar las plantillas de los consistorios, dado que actualmente, unas 40 plazas de secretario, interventor y tesorero están sin titular, vacantes que están cubiertas por interinos o asistencias acumuladas.

El procedimiento de selección diseñado por el Gobierno cántabro para la creación de esta bolsa incluye una prueba teórico-práctica sobre legislación básica de las administraciones locales y también un temario específico para cada una de las subescalas convocadas (secretarios, interventores-tesoreros y secretarios-interventores).

La Comisión Especializada constituye una mesa sobre la reducción de cargas administrativas

Cantabria comenzará la elaboración de una estrategia de responsabilidad social, que facilitará el desarrollo de prácticas responsables en el tejido empresarial y las organizaciones públicas. Así se ha acordado en la segunda reunión de la Comisión Especializada sobre Responsabilidad Social, adscrita al Consejo de Diálogo Social en la que participan miembros de varias consejerías del Ejecutivo, de CEOE-CEPYME, de los sindicatos UGT y CCOO, y la Federación de Municipios de Cantabria, representada por su presidente, Pablo Diestro.

Este proyecto desarrollará y aplicará a nivel autonómico la estrategia nacional existente, e incluirá medidas prácticas para profundizar en una economía más productiva, impulsora de un empleo de calidad; sostenible, con un consumo responsable y políticas de respeto al medio ambiente, e integradora, haciendo hincapié, por ejemplo, en la cooperación al desarrollo y la participación efectiva.

Los trabajos para su redacción comenzarán con la elaboración de una hoja de ruta que determine las actuaciones urgentes y especificas a abordar, algo que se hará efectivo a comienzos de octubre, en una nueva reunión de la Comisión.

Reducción de las cargas administrativas

Por otro lado, durante la reunión de la Comisión también ha quedado constituida una mesa técnica que trabajará en la reducción de las cargas administrativas en el ámbito de la administraciones autonómica y local, una iniciativa impulsada desde la CEOE de Cantabria, en la que tendrán voz, además de la propia patronal, las administraciones regional y local, así como los sindicatos.

Este órgano será el encargado de plasmar las iniciativas que agilicen los procesos administrativos, como es el caso de la concesión de licencias; facilitar con ello la actividad económica y el asentamiento de las empresas, algo que exigirá modificaciones legislativas, simplificación de trámites y coordinación entre administraciones.

En cuanto se publicó la Resolución de 24 de julio de 2020, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, la Federación de Municipios de Cantabria encargó a los abogados de reconocido prestigio en la materia, José Mª Real y José del Río, un estudio del citado texto desde el punto de vista municipal con el fin de enriquecer el Anteproyecto.

El informe se ha remitido hoy a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio expresando también el malestar de la FMC por el escaso plazo concedido al trámite de información pública de una normativa de tanta trascendencia, sobre todo durante el mes de agosto cuando una gran parte de los técnicos municipales disfrutan de su período vacacional.

En las 202 páginas del documento se recogen los aspectos más destacados del Anteproyecto efectuando un análisis pormenorizado con especial incidencia en su sistemática, los problemas prácticos más relevantes, el planteamiento y la clasificación del suelo, la gestión urbanística, el derecho de realojo y retorno, la intervención pública en el mercado del suelo, la disciplina urbanística y la organización administrativa y el régimen jurídico.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes

En el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha aparecido publicada la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de Cantabria para que estos puedan adquirir vehículos y ser utilizados en el ámbito de Protección Civil durante el año 2020 y cuyo plazo para presentar las solicitudes será de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de dicha convocatoria.

Tal y como establece la Ley de Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, los municipios tienen competencias para ejecutar acciones de intervención en emergencias y elaborar y ejecutar programas de previsión y prevención realizando prácticas y simulacros de protección civil y, por lo tanto, dicha norma también establece que corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil establecer mecanismos de cooperación recíproca con otras administraciones públicas para facilitar la mutua disposición de los recursos y servicios respectivos.

La subvención destinada a cada solicitante se obtendrá de la suma de la cuantía fija y de la cuantía no fija que resulte de la aplicación de los criterios para obtener el esfuerzo de actuación y el importe total concedido no podrá superar la cuantía máxima de 120.000 euros, y el pago de la misma se realizará una vez justificada la adquisición del vehículo y el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fundamentan la concesión de la misma en los términos de la Orden.

Finalidad de la cuantía

Las subvenciones están destinadas a financiar los gastos que realicen los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que dichos gastos vayan dirigidos a sufragar la adquisición de vehículos para el uso en funciones del ámbito de protección civil.

La tipología de los vehículos podrá ser cualquiera de las siguientes: automóviles, vehículos todoterreno, furgones-furgonetas o motocicletas de dos ruedas, así como ciclomotores de dos, tres ruedas o cuatriciclos ligeros que no estén destinados a actividades relacionados con explotaciones agrícolas, ganaderas e industriales.

Asimismo, serán objeto de subvención remolques para transporte de material de emergencias y remolques de intervención rápida en incendios (prontosocorros). El Ayuntamiento deberá destinar el vehículo adquirido a labores de protección civil durante un periodo de 15 años.