El Gobierno destina 31 millones de euros a las Corporaciones Locales para contratar desempleados

El Gobierno de Cantabria sufraga con 31 millones de euros a los Ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad Autónoma la contratación de unos 3.000 desempleados, con atención especial a quienes tienen mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo, concretamente parados de larga duración y jóvenes. El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado hoy el extracto de convocatoria para 2019 del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales, para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y finaliza el 23 de enero.

La distribución de fondos se realizará de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación regulados en 2017, basados en la población parada de cada entidad, su población en edad de trabajar y su extensión territorial. Para no perjudicar a los municipios de menor población se contempla un factor de corrección para los que cuenten con menos de 2.000 habitantes que les garantice un mínimo de ayuda.

Los contratos tendrán una duración de entre 3 y 6 meses, salvo los desarrollados dentro de la garantía juvenil, que deberán ser de medio año, con jornada a tiempo completo.

Mejoras de la convocatoria

Entre las modificaciones propuestas por la Federación de Municipios que mejoran la convocatoria se encuentra el hecho de que quedará resuelta antes de que finalice el primer trimestre del año; que las contrataciones puedan comenzar desde el 1 de mayo de 2019 y desarrollarse hasta 31 de mayo de 2020 (hasta 31 de enero de 2020 en el caso de proyectos de garantía juvenil) y que la cuantía de la subvención máxima justificable pueda alcanzar hasta el cien por cien de los gastos subvencionables acreditados. Además, algunos conceptos que aparecían en nómina como «embargos» o «retenciones judiciales», pasan a ser subvencionables y la publicación de la convocatoria se hace con un mes de antelación a la de 2018, lo que permitirá cumplir las fechas previstas de inicio de los contratos.

Otra de las novedades que incorpora son las «actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género». Se trata ésta de una competencia propia de las entidades locales, recuperada por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.