El consejero ha anunciado un decreto ante el incremento de precios para el normal desarrollo de las actuaciones que se están ejecutando en los municipios

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha anunciado una partida de 2 millones de euros adicionales, a través de un nuevo decreto, que irá dirigido a los ayuntamientos con el fin de que puedan ejecutar las obras municipales que están en marcha, algunas cofinanciadas por el Ejecutivo regional.

En concreto, esta medida busca el normal desarrollo de la obra pública ante el incremento de precios y costes de producción que estaba perjudicando la ejecución de los trabajos y que suponían un perjuicio para los ayuntamientos que no podían hacer frente a la carestía de los materiales. Todo ello ha tenido como consecuencia que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente.

Además, según ha apuntado el consejero, el Plan de Inversiones Municipales de la Consejería establecía que los gastos subvencionables deberán realizarse en el período comprendido entre la fecha de adjudicación de cada contrato y el 31 de octubre del 2023, siendo la fecha de publicación o convocatoria de licitación de cada proyecto posterior a la presentación de la correspondiente solicitud, la cual finalizó el 31 de mayo de 2021. Ante esta situación, se concedió a los ayuntamientos una prórroga de tres meses para la adjudicación de la obra, a petición de la Federación de Municipios de Cantabria.

Por ello, el consejero ha confirmado que el nuevo decreto permitirá también el incremento en un 8 por ciento, y en un 12 por ciento para los municipios en riesgo de despoblamiento, la subvención que recibieron los ayuntamientos adheridos al Plan de Inversiones, incluyendo entre los gastos subvencionables los producidos como consecuencia del incremento del precio del contrato de obras objeto de subvención debido a modificaciones, revisiones de precios o certificación final.

Revisión de precios

Además, a esta medida se une la proposición no de ley que ya está en tramitación parlamentaria y que se publicará a lo largo de este mes de junio de cara a que los ayuntamientos puedan llevar a cabo revisiones de precio en sus propias inversiones, similar al Real Decreto Ley del Estado al que se han adherido las administraciones autonómicas por la misma razón.

Se trata de una herramienta necesaria porque la administración local carecía de instrumentos para gestionar las actuaciones que están ejecutando en sus municipios conforme a la situación actual.

En definitiva, ambas medidas buscan el normal desarrollo de la obra pública en la Comunidad Autónoma ante la situación de incertidumbre que se está desarrollando con las subidas de precio de los materiales, la falta de suministros derivados de la guerra de Ucrania y las dificultades que atraviesan algunos ayuntamientos a la hora de ejecutar sus proyectos.