El Gobierno de España retrasa dos años la entrada en vigor de la Administración electrónica

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer apareció publicado el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que modifica la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prorrogando en 2 años su entrada en vigor, y con ello, la de las previsiones de la citada Ley relativas a los registros electrónicos de apoderamientos, de empleados públicos habilitados, punto de acceso general de la administración y archivo único.

De esta manera el Gobierno de España retrasa hasta el 2 de octubre de 2020 la obligación de que cualquier entidad pública responda a través de vías telemáticas a quien decida comunicarse con ella. Así la Administración sin papeles, transparente, más ágil y accesible para los ciudadanos y las empresas, que preveían las leyes del año 2015 de Procedimiento Administrativo Común y la de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán que esperar dos años más para su entrada en vigor.