Los alcaldes solicitan que se anule la declaración del lobo como especie de protección especial

Un total de 17 alcaldes, en representación de todos los municipios afectados, han suscrito un petición dirigida a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para que se revoque de forma inmediata la decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies de Protección Especial, dada la falta de respaldo técnico de la misma y las consecuencias negativas que ésta tendrá para el sector ganadero y el verdadero mantenimiento de la biodiversidad de nuestro medio natural.

En su escrito, los ediles recuerdan que el pasado 4 de febrero, en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), se aprobó la citada inclusión perdiendo su consideración de especie cinegética y, por tanto, susceptible de ser sometida a planes de control, culminando un proceso realizado en contra de la postura de las Comunidades Autónomas que albergan mayoritariamente las poblaciones de lobo en nuestro país (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria), y que son las verdaderas conocedoras sobre el terreno de la situación actual del lobo.

Ausencia de informes técnicos

A su juicio, frente al proceder de los Gobiernos de las cuatro Comunidades Autónomas más afectadas por esa medida, que han justificado su posición en base a informes técnicos, ni el Ministerio ni ninguna de las Comunidades Autónomas que han apoyado la decisión han presentado informes que avalen su postura. Es más, el único aval científico presentado fue el del Comité Científico que, de entrada, se mostraba contrario a la catalogación del lobo como especie que requiera el estatus de protección especial al no considerarse suficientemente acreditadas las premisas defendidas por parte de los grupos animalistas en las que basaba sus demandas.

Además, desde las Comunidades Autónomas verdaderamente afectadas se han hecho alegaciones conjuntas. Sin negar en ningún caso el valor patrimonial, medioambiental y cultural del lobo para el medio natural y la sociedad, destacan la gestión que se ha hecho de su presencia en los últimos años en los territorios en los que realmente esta especie habita y desarrolla su vida.

Aumento de la población de lobos en los últimos años

Así, en contra de las ideas que intentan trasladar a la opinión pública y que retratan a las Administraciones Autonómicas y a sus ganaderos como un peligro para la supervivencia de esta especie, los datos objetivos no apoyan esta teoría, como lo demuestra el evidente aumento de las poblaciones al norte del Duero los últimos años. El cada vez mayor acercamiento de las manadas de lobos a los núcleos de población y el aumento de los ataques a rebaños de ganado criado en régimen extensivo son una prueba inequívoca de que la gestión poblacional del lobo ha sido positiva en lo que a número de ejemplares y aumento de su distribución geográfica se refiere.

Concretamente en Cantabria se ha alcanzado en las últimas décadas un equilibrio entre las actividades humanas, caso de la ganadería extensiva, y el propio desarrollo del lobo como especie silvestre. Esto ha posibilitado una coexistencia entre ambas esferas, la antrópica y la natural, que ha permitido compatibilizar de forma realmente excepcional la supervivencia tanto del lobo como de nuestros ganaderos.

Los alcaldes también recuerdan la importancia y el peso de la actividad ganadera en la Cornisa Cantábrica y las consecuencias que esta decisión tendrán sobre ella. La ganadería extensiva es, además de una actividad económica que da sustento a muchas familias, un valor patrimonial a preservar, una prueba de nuestra evolución como pueblo, y un factor imprescindible para fijar y mantener la población en el medio rural, siendo esta última también una competencia del Ministerio a la que parece despreciar y ningunear con decisiones como la aquí descrita.

Postura contraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Prueba del daño que se causará al sector ganadero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha pronunciado en contra de esta decisión, defendiendo que se cae en ella en base a mantras y análisis sesgados e interesados de una supuesta situación del lobo que no se corresponde con la realidad.

Esta falta de un apoyo técnico sólido y de apego a la realidad se han visto reflejados en la carencia de consenso a la hora de adoptar esta medida, y muestra de ello es la gran división que han arrojado las votaciones y el posicionamiento en contra de Gobiernos Autonómicos ostentados por formaciones políticas muy distintas entre sí, lo que deja claro que ésta no es una fragmentación radicada en intereses partidistas, sino en los verdaderos intereses de la población y cada uno de los territorios.

Ante la ausencia de diálogo y de un análisis objetivo y técnicamente avalado de la realidad del lobo que ha guiado la catalogación de éste como especie de protección especial, y cuya adopción solo sirve para contentar a algunos colectivos cuyos objetivos finales son dudosos y verdaderamente perjudiciales para el medio ambiente, su biodiversidad y la ciudadanía, los Ejecutivos Autonómicos afectados ya han anunciado que recurrirán esta modificación judicialmente, con las implicaciones que esto conlleva.