Los Ayuntamientos tienen hasta el 25 de febrero para presentar las valoraciones de daños de las últimas inundaciones

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha acogido una reunión en la que su titular, Pablo Zuloaga, ha explicado a los alcaldes de los Ayuntamientos afectados por las inundaciones del pasado 24 de enero las ayudas del Estado para paliar los daños provocados por éstas, cuyo plazo de presentación finaliza el 25 de febrero.

Los Ayuntamientos pueden solicitar estas subvenciones para cubrir los gastos realizados como consecuencia de “actuaciones inaplazables en situación de emergencia”, durante la misma o en los momentos inmediatamente posteriores a su finalización, “siempre que su objeto sea el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para garantizar la vida y seguridad de las personas”.

En lo que se refiere a legislación, ha destacado que para la financiación de los gastos que hayan tenido que asumir con motivo de la emergencia (achicar agua, limpiar o desbrozar para mantener las vías limpias y despejadas, etc.) es de aplicación el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión. En este caso los Ayuntamientos pueden empezar a plantear sus solicitudes directamente.

En cuanto a las inversiones en infraestructuras es preciso acogerse al Real Decreto Ley aprobado el 25 de enero por el Consejo de Ministros, a raíz de lo acontecido en Cantabria y Asturias el mes pasado. Estas ayudas se prevén para todas las emergencias, sin que se requiera declaración formal o acuerdo expreso alguno por parte de ninguna autoridad administrativa y se conceden en base a un procedimiento general y reglado de tramitación de subvenciones, con expresión de su ámbito de aplicación. En él se detallan las nuevas ayudas y subvenciones que serán aplicables en Cantabria, como bonificaciones fiscales a empresas y particulares a través de impuestos como el de Bienes Inmuebles o Actividades Económicas para aquellas viviendas o establecimientos que se hayan visto evacuadas o cerradas por motivo de las inundaciones. En estos casos podrán acogerse a una bonificación del 100% del IBI, pero los Ayuntamientos seguirán cobrándolo porque se lo pagará el Estado.

Zuloaga ha asegurado que esta norma permite al Estado la financiación de obras o infraestructuras de ámbito municipal, en unos porcentajes que pueden ir hasta el 50%, en función de la inversión, o incluso el 100% si el gasto que deben asumir los Ayuntamientos desborda las expectativas de financiación. La nueva normativa modifica la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé una serie de medidas extraordinarias para aquellas emergencias cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, previa declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” por acuerdo del Consejo de Ministros.

La normativa vigente así como los distintos formularios de petición de ayudas, pueden consultarse en la página web proteccioncivil.org, en el apartado de subvenciones.

Reclamación a los seguros

El delegado del Gobierno también ha instado a los alcaldes a divulgar entre sus vecinos afectados la importancia de que se pongan en contacto cuanto antes con sus compañías de seguros para que éstas les periten los daños para que posteriormente puedan reclamarlos al consorcio de compensación de seguros, dado que el plazo también concluye el 25 de febrero.

El consorcio es una entidad pública del Ministerio de Economía y Empresa, que indemniza los daños a las personas o bienes en base a diferentes requisitos, entre los que se fija el de estar previamente asegurado. Toda la información se puede encontrar en la web consorcioseguros.es.

AYUDAS frente a catastrofes

Triptico subvenciones