El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha ofrecido su colaboración a los ayuntamientos para solventar todas las dudas que surjan en la aplicación del nuevo Decreto de viviendas turísticas. Así lo ha transmitido durante una reunión con alcaldes, concejales y técnicos, organizada por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), en el salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) con el fin de facilitar su labor a la hora de adaptarse a la nueva normativa.
También han participado en el acto junto al consejero, la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz; la secretaria general de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Alejandra Perales, y la subdirectora de Turismo, Elena Sedes.
El decreto, que entró en vigor el pasado 26 de julio, será de obligado cumplimiento tanto para las viviendas ya registradas como para las nuevas, respeta la autonomía municipal en materia urbanística e incorpora, entre otras novedades, la exigencia de incluir una declaración responsable para el inicio de actividad, un certificado de compatibilidad urbanística, un permiso de la comunidad de propietarios y requisitos de carácter esencial para velar por la seguridad de inquilinos y vecinos, equiparándoles de esta forma al resto de modelos de alojamientos turísticos.
El plazo para adaptarse a la norma es de 8 meses y tendrá en cuenta como excepción que la aprobación previa de la comunidad de propietarios no puede exigirse para aquellas declaraciones responsables o viviendas de uso turístico en funcionamiento previas al 3 de abril de 2025, fecha de entrada en vigor de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que introdujo dicho requisito y que lo dotó de irretroactividad.
La Consejería se ha comprometido, con el fin de facilitar el trabajo a los ayuntamientos, a comunicarles los ceses que se ejecuten de aquellas viviendas que no cumplan con los nuevos requisitos, enviar requerimientos a todos los propietarios de viviendas turísticas ya registradas con el objetivo de que se adapten al decreto, y a elaborar un protocolo que agilice la comunicación interadministrativa entre Turismo y administraciones locales.