Se anuncia que la Ley de Reto Demográfico saldrá este mes a consulta pública

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha presidido una nueva reunión del Consejo Asesor contra la Despoblación, que ha constatado el éxito de las medidas implementadas por el Gobierno regional en los 39 municipios con mayor riesgo de pérdida de habitantes. Y es que, según un estudio del Instituto Cántabro de Estadística  (ICANE) correspondiente a los años 2021 y 2022, más de la mitad (24 en total) ha aumentado su población o la han mantenido con respecto a 2020.

Concretamente, 21 municipios han ganado habitantes (Herrerías, Valle de Villaverde, Vega de Pas, Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, Rionansa, Cabuérniga, Hermandad de Campoo de Suso, Arenas de Iguña, Miera, Campoo de Yuso, Ruente, Cieza, Camaleño, Los Tojos, Arredondo, Rasines, Tudanca, Luena, Pesquera y San Miguel de Aguayo) y 3 han fijado población (San Pedro del Romeral, Tresviso y Cillorigo de Liébana).

Durante la sesión, el presidente ha anunciado que el anteproyecto de Ley de Reto Demográfico elaborado por el Gobierno saldrá este mismo mes a consulta pública y ha puesto en valor el estudio presentado por la Universidad de Cantabria, denominado ‘Gemelos Digitales’, para poder medir la eficacia de las distintas medidas desarrolladas e, incluso, simular su alcance con antelación desde el punto de vista demográfico, geográfico y socioeconómico.

También han participado en la reunión los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, quien en relación con el anteproyecto de Ley de Reto Demográfico, elaborado por su departamento, ha informado de que el próximo día 12 de diciembre se reunirá el grupo de trabajo creado al efecto para realizar las últimas correcciones y enviar el documento a los miembros del Consejo Asesor, de forma paralela al inicio del proceso de consulta pública.

Superado este trámite, ha explicado la consejera, el texto pasará a información pública antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento de Cantabria para su debate y aprobación, si es posible, en esta misma legislatura.

Y sobre el estudio de la UC, ha subrayado la utilidad de esta nueva herramienta de la que va a disponer Cantabria para, por un lado, conocer a medio y largo plazo el resultado de las medidas que se apliquen en el territorio y, por otro lado, simular el impacto de las mismas antes de su puesta en marcha.

Por su parte, Guillermo Blanco ha destacado las acciones contra la despoblación rural que lleva a cabo su consejería en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y ha avanzado una serie de iniciativas en el área de la bioeconomía, por un importe superior al millón de euros, para incentivar su desarrollo económico y social a través de la producción primaria, la promoción forestal como activo turístico y la capacitación en el ámbito forestal.

La reunión del Consejo Asesor, la sexta desde su constitución en 2020, se ha celebrado en la sede del Ejecutivo autonómico y en ella el Gobierno cántabro ha dado cuenta de las medidas implementadas en este periodo y del alcance de los fondos estales y europeos destinados a la Comunidad para luchar contra la despoblación, por importe total de 2,4 millones de euros.

El Consejo

El Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria es un órgano colegiado y consultivo de las medidas que se pondrán en marcha en la Comunidad Autónoma para prevenir o paliar los efectos de la pérdida de población, especialmente en los entornos rurales.

Está adscrito a la Consejería de Presidencia e Interior, competente en materia de Administración Local, y en él están representadas todas las consejerías del Gobierno cántabro, la Delegación del Gobierno, la Federación de Municipios (FMC), a través de los alcaldes de Valdeprado del Río, Jaime Soto, San Miguel de Aguayo, Eduardo Gutiérrez Osoro, y Soba, Julián Fuentecilla, la Universidad, los Grupos de Acción Local, el Instituto Cántabro de Estadística y el Consejo Económico y Social.