El Ejecutivo autonómico facilitará herramientas a los ayuntamientos para regular las licencias y frenar el auge descontrolado de viviendas turísticas

El nuevo decreto saldrá a información pública en marzo

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte introducirá cambios en el decreto de regulación de Viviendas de Uso Turístico con el fin de dar a los ayuntamientos herramientas que les permitan adecuar su normativa para regular las licencias y frenar el auge descontrolado de estas viviendas.

Así lo ha explicado la consejera, Eva Guillermina Fernández, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Javier Camino y el alcalde de Potes, Javier Gómez; y las alcaldesas de Santander, Gema Igual y Comillas, Mª Teresa Noceda; así como concejales y representantes de Laredo y San Vicente de la Barquera, que son algunos de los ayuntamientos más tensionados en cuanto a número de viviendas y pisos turísticos. También han participado el director general de Turismo y Hostelería, Gustavo Cubero y la secretaria general de la Consejería, Carolina Juániz.

Durante la reunión ha quedado patente que todas las partes tienen la misma preocupación por la magnitud que está alcanzando el problema con la proliferación de estas viviendas, así como por donde tienen que ir las soluciones. Para ello se elaborará un decreto con el fin de que los ayuntamientos encuentren la fórmula de regular dónde y cómo quieren esas viviendas, aplicando su normativa urbanística.

La consejera ha explicado que el Gobierno de Cantabria puede regular la parte que tiene que ver con turismo, pero también afecta a las competencias urbanísticas. En este sentido, ha añadido que los ayuntamientos que ya tengan desarrollados sus Planes Generales podrán regularlo de forma más eficiente y el resto probablemente tendrán que recurrir a ordenanzas.

Fernández se ha mostrado confiada en encontrar el consenso, ya que los ayuntamientos son los principales interesados en ordenar la vivienda turística para dar respuesta no solo a ese problema turístico sino al de acceso a la que no sea de este tipo porque en muchos casos trabajadores y profesionales que necesitan una residencia no la encuentran debido a su elevado precio y porque en verano la tienen que dejar libre.

La titular de Turismo considera que, además de luchar contra el intrusismo y la ilegalidad de muchas de estas viviendas de uso turístico, es necesario atajar la proliferación de las legales, tras apuntar que solo en 2023 se han presentado en la Dirección General de Turismo 2.031 declaraciones responsables para iniciar actividad y se ha pasado de las 494 registradas en 2020 a las 3.934 en diciembre del año pasado.

Los municipios que han registrado más solicitudes entre 2020 y 2023 son los de Santander (1.338), Suances (199), Comillas (177), San Vicente de la Barquera (165), Ribamontán al Mar (157) y Noja (143).

Respecto a los plazos para la entrada en vigor del nuevo decreto, la consejera se ha marcado el objetivo de que a principios de marzo salga a consulta pública y después del trámite de información y audiencias analizar todas las aportaciones que hagan los distintos colectivos y particulares.