El Gobierno ha aprobado una aportación adicional a los ayuntamientos beneficiarios del Plan de Inversiones Municipales

Con el objetivo de paliar el impacto en la obra pública de la pandemia de la COVID-19 y del incremento de costes de las materias primas que se está viendo agravado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de septiembre de 2022 y destinar más de 2,3 millones de euros a una aportación adicional del 8 % o del 12 % en el caso de estar en riesgo de despoblamiento a los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas del Plan de Inversiones Municipales 2021-2023.

A través de un Decreto, el Gobierno de Cantabria concede una subvención extraordinaria a los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas reguladas en el Decreto 91/2020, de 17 de diciembre, para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales en el periodo 2021-2023 con el objetivo de paliar el impacto en la obra pública de la pandemia y del incremento de costes de las materias primas y su efecto sobre la contratación.

A cada ayuntamiento se le concede el 8 por ciento del importe de la subvención otorgada y, en el caso de los afectados por riesgo de despoblamiento, la subvención será del 12 por ciento. De esta forma, se destinan 2.303.657 euros a financiar inversiones municipales en todos los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas de 2020.

Además, en virtud del Decreto aprobado ayer se amplía el plazo de adjudicación de cada obra hasta el 30 de septiembre de 2022, tal y como había solicitado la Federación de Municipios de Cantabria.

Con estas medidas, el Ejecutivo trata de responder a las excepcionales circunstancias sociales y económicas de la pandemia desencadenada por el COVID-19 y al aumento del coste de las materias primas que se está viendo agravado por la guerra de Ucrania. Se busca paliar el impacto en la obra pública de estas circunstancias imprevisibles, que provocan un sobrecoste en el precio de los materiales de construcción y que, con ello, determinan que muchos concursos queden desiertos y que contratos que estaban en ejecución se encuentren en situaciones que puedan determinar la inviabilidad de su ejecución y, en ocasiones, de la propia empresa contratista.

Esta medida se suma, entre otras, a la aprobación en el mes de abril de la revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el Real Decreto para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística. De este modo, el Gobierno quiere garantizar la continuidad de las obras públicas afectadas por el encarecimiento de las materias primas. Cantabria ha sido una de las primeras Comunidades Autónomas en aplicar esta medida.