Se implantará una aplicación informática que facilite el cumplimiento de la Ley a los pequeños municipios

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, acompañada de la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Rosa Valdés, se ha reunido con el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro, y con representantes de la Universidad de Cantabria encabezados por Eduardo Vázquez, para estudiar la aplicación de un sistema informático que facilite el cumplimiento de la nueva Ley , de febrero de este año, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Esta norma que transcribe la Directiva Europea de 2019 tiene como finalidad proteger, frente a posibles represalias, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la propia Ley.

La norma obliga a contar con un canal interno de información, que será la herramienta a través de la cual se formalicen las denuncias. Para ponerlo en marcha, prioritariamente en los municipios de menos de 5.000 habitantes y sobre todo en los 39 en riesgo de despoblamiento, la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, con la colaboración de la Federación de Municipios, busca dotarlos de una plataforma digital de bajo coste, desarrollada a través de la Universidad de Cantabria, que les permita cumplir con esta normativa.

El ámbito material de aplicación incluye no solo la denuncia de cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, sino también la de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, considerando como tales todas aquellas que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

Según ha explicado la Consejera, Paula Fernández, aún hay tiempo hasta el mes de diciembre para implementarlo, aunque ha indicado que en estos momentos en algunos ámbitos ya se está aplicando, sobre todo en aquellos aspectos en los que se están gestionando Fondos Europeos y Next Generations, donde se establecía como requisito.