El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) ha mantenido una reunión con una representación de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria (ACP), integrada por su presidente Javier Palomera, el vocal Juan de Miguel, y el secretario, Máximo Sáinz Cobo, quienes le solicitaron el apoyo de la FMC para que inste a los ayuntamientos a adoptar el acuerdo de adhesión al sistema de revisión de precios de los contratos de obras del sector público, según lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, con el fin de intentar paliar en lo posible el desequilibrio económico que la subida de costes está causando.

La citada norma establece en su Título II, una serie de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras; modificada por el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Los textos regulan los casos susceptibles de revisión excepcional de precios en los contratos de obra (ámbito de aplicación). Afecta a los contratos públicos de obras, ya sean administrativos o privados, adjudicados por las entidades que forman parte del sector público estatal y que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor del RDL. Igualmente, también resulta aplicable a los contratos públicos de obras sometidos al Real Decreto-ley 3/2020 (contratación por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales).

Destaca la previsión que señala el apartado tercero del artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2022, por cuanto establece que lo dispuesto en el Título II será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas que así lo acuerden. Consecuentemente, será necesario que cada una adopte un acuerdo en este sentido para su aplicación en su ámbito y de las Entidades Locales existentes en su territorio.

Todo ello porque el conjunto del sector vive una situación extrema por el desmedido incremento de los precios de los materiales y el carburante.  A esto hay que sumar la escasez de determinadas materias primas a nivel global como consecuencia de la reactivación económica postpandemia. La invasión rusa de Ucrania ha provocado una subida no vista hasta ahora de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes que están castigando fuertemente a fabricantes de materiales y al transporte, dos elementos clave para la construcción. En este contexto, existe el riesgo real de que pueda producirse la suspensión de actividad entre los proveedores y que esto acabe ocasionando un efecto en cadena que obligue a las empresas a la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo, concursos de acreedores y al incumplimiento de los plazos de entrega pactados.