Los Presupuestos de 2022 recogen la demanda de la FMC de eximir del canon de saneamiento a 39 municipios en riesgo de despoblamiento

Los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2022, aprobados ayer por el Parlamento, recogen la demanda de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) de eximir del canon de saneamiento a 39 municipios en riesgo de despoblamiento. Una medida que también ha sido propuesta por el “Consejo asesor para la lucha contra el despoblamiento de los municipios de Cantabria”, en el que está representada la Federación, con el fin de tratar de evitar la pérdida de población en las zonas rurales. Se trata de una vieja demanda de la FMC que había sido solicitada varias veces sin éxito a la Consejera de Economía y Hacienda.

Según un estudio hecho por la Federación, esta medida supone una merma de ingresos para el Gobierno de Cantabria de 250.000 euros, lo que supone un 1% del total que recauda, unos 25 millones.

De los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, 30 son calificados de actuación prioritaria por riesgo grave (Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca, Vega de Liébana, Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea, Valderredible, Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba y Vega de Pas). Otros 8 se consideran de actuación preferente (Cillorigo de Liébana, Herrerías, Ruente, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Rasines). Finalmente se presta un tratamiento especial y diferenciado al Valle de Villaverde, que presenta una particular idiosincrasia al estar enclavado dentro del territorio de Vizcaya.

No obstante, la Federación de Municipios de Cantabria viene insistiendo desde su implantación en que debe ser el Gobierno el que asuma la recaudación del canon de saneamiento y no los ayuntamientos por tratarse de un tributo autonómico y no municipal. Además supone un coste añadido para ellos, sobre todo los que tienen externalizado el servicio de recaudación. Asimismo, se ha solicitado su revisión porque muchos vecinos de localidades pequeñas lo abonan si contar con ese servicio.

Este es un tema recurrente en las reuniones de la Comisión Ejecutiva, así como de las Asambleas Generales, en las que los alcaldes vienen pidiendo con insistencia que sea el Ejecutivo Autonómico el que pase a cobro este impuesto.