El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Javier Camino, y los dos vicepresidentes, Eduardo Ortiz y Roberto Escobedo, han sido recibidos por la Delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, quien les ha dado a conocer los servicios que ofrece la Delegación a los ayuntamientos.
Los representantes municipales aprovecharon para plantear los principales problemas que afectan a los gobiernos locales, caso de la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, ya que desde su entrada en vigor han recaído sobre los ayuntamientos una serie de responsabilidades de control y acción sobre poblaciones de animales en libertad que son muy costosas y para las que no se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios. Lo mismo ocurre con las nuevas exigencias de la Ley 71/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a los municipios a hacer un inventario de todas las instalaciones que tengan amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada, motivo por el cual se ha solicitado la puesta en marcha de una línea de ayudas.
Asimismo, los cargos de la FMC también demandaron que, visto el aumento de costes provocado por la inflación de los últimos años, y dada la necesidad de adecuar a este contexto la legislación en materia de contratación, se modifique la Ley Contratos del Sector Público, elevando las cuantías de los contratos menores hasta los 48.000 euros más IVA en caso de las obras y los 18.000 euros más IVA en caso de los de servicios.
Igualmente, solicitaron a la Delegada que, ante el constate incremento de los costes de los materiales, el personal y los servicios básicos que están asumiendo los ayuntamientos, intermediara ante el Gobierno de España para que aumente las aportaciones que hace a los municipios al menos al nivel del lPC.
Para concluir, los representantes municipales recordaron que cualquier iniciativa impulsada por otra Administración que suponga un gasto para las Entidades Locales, debe llevar aparejada la correspondiente financiación adicional, tal y como está recogido en la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Algo que no se viene cumpliendo por el resto de administraciones, lo que supone un grave perjuicio para los ayuntamientos.