El Gobierno incluirá en el presupuesto para 2026 una partida para poder sufragar parte de los gastos que se deriven de esta exigencia

El Gobierno de Cantabria proporcionará a los ayuntamientos la ayuda económica, material y técnica que precisen para elaborar los planes de emergencia municipal (PEMU) o guías de respuesta, según sea el caso, ante el riesgo de incendios forestales.

Así lo han garantizado las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Isabel Urrutia y Mª Jesús Susinos, respectivamente, en el transcurso de un encuentro con alcaldes, celebrado en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega, organizada por la Federación de Municipios de Cantabria para avanzar la hoja de ruta que sus departamentos han trazado para ayudar a los municipios a cumplir la ley en materia de emergencias por incendios forestales.

Precisamente, el nuevo Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Cantabria (INFOCANT), aprobado el año pasado, ya contemplaba que 15 municipios, según el mapa de riesgo realizado en aquel momento, tenían la obligación de elaborar una guía de respuesta municipal, junto a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.

Sin embargo, justo antes de aprobar el INFOCANT, el Gobierno de España aprobó una modificación de la normativa estatal en esta materia y de la cartografía aplicable, lo que obligó al Ejecutivo autonómico a actualizar el mapa de riesgos del citado documento.

Debido a esta circunstancia, se ha clasificado a los municipios en cuatro niveles de riesgo: muy alto, alto, moderado y bajo. Así, en función de estos parámetros, son 72 los municipios (71 municipios y la mancomunidad Campoo-Cabuérniga) los que están obligados a elaborar la guía o PEMU.

Guía piloto

Los técnicos del Gobierno presentarán en un plazo de 3 meses una ‘guía tipo’, la del municipio de Los Corrales de Buelna, que incluirá las directrices básicas que exige la norma y que servirá como modelo para todos los ayuntamientos, que solo tendrán que adaptarla a sus particularidades.

Según explicó el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ya hay tres municipios: Rionansa, Vega de Liébana y Arredondo, que, en su día, elaboraron guías de respuesta, por lo que sólo tendrán que revisarlas y comprobar si el nuevo mapa de riesgos determina una modificación de los mismos para adaptar el documento.

Para el resto, el Ejecutivo autonómico pondrá a su disposición medios materiales, como es la cartografía base del mapa de riesgos, medios humanos, como son los técnicos de la administración regional, que les guiarán en el proceso de elaboración, y medios económicos, puesto que se incluirá en los presupuestos del año 2026 una partida que permitiría a los municipios poder sufragar parte de los gastos que se deriven de esta obligación.