Los ayuntamientos discrepan de la obligación de elaborar un censo de instalaciones con amianto
El Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) firmarán un convenio de colaboración para la implantación del quinto contenedor de color marrón, para la recogida de residuos orgánicos. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media, en el trascurso de una reunión de alcaldes coordinada por la propia FMC celebrada en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega para darles a conocer los planes que pretende llevar a cabo su departamento para la colocación de dicho depósito.
Durante el encuentro, Media, que ha estado acompañado por los directores generales de Medio Ambiente y Cambio Climático, Alberto Quijano y de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), Pedro Antonio Ruiz les ha explicado los distintos pasos y fases que se van a desarrollar desde ahora, actuaciones que vendrán definidas en el texto del citado convenio. En este sentido, se ha dado a conocer la inversión de más de 60 millones de euros que necesita el vertedero de Meruelo para convertirlo en una planta de tratamiento adecuado de este tipo de materiales, y que se espera estará construida en un plazo de 3 o 4 años.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que, mientras se ejecutan dichas obras, su Consejería ha llegado a un acuerdo con el Principado de Asturias para trasladar a la planta de COGERSA, los biorresiduos que empezarán a recoger los ayuntamientos que lo soliciten, y que podrían llegar a estimarse en unas 2.000 toneladas en el primer año de puesta en marcha de este servicio.
Teniendo en cuenta que esta cantidad irá aumentando con el paso de los años, el Gobierno de Cantabria va a destinar 300.000 euros para el transporte y tratamiento en dicha planta asturiana en 2024; 400.000 euros para 2025; 500.000 euros para 2026, y 600.000 euros para 2027.
Censo de edificios con amianto
Por otro lado, Roberto Media ha mostrado su apoyo a las reclamaciones de los ayuntamientos ante el Gobierno central, sobre la obligación de elaborar un censo de edificios con amianto, según se recoge en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
El consejero ha explicado que desde abril del año 2022 está en vigor y establece en la disposición adicional 14ª la obligación de los ayuntamientos de hacer un inventario de todas instalaciones que tengan amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada.
Los alcaldes han mostrado su preocupación por este tema que supone asumir una nueva competencia que se ha impuesto sin contar con ellos. Por ello, se ha solicitado que desde el Gobierno central se habilite una línea de ayudas.
Por último, el consejero ha mostrado la disposición del Ejecutivo regional para ayudar a los ayuntamientos, en especial a los más pequeños, para cumplimentar este censo obligatorio, ya que, hasta el momento, casi ningún municipio de la Comunidad Autónoma ha iniciado estos trabajos.