Ha tenido lugar esta mañana en el CIMA de Torrelavega
Las instalaciones del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega se quedaron pequeñas para albergar al centenar de alcaldes, concejales y técnicos que han asistido esta mañana a la jornada informativa sobre las implicaciones de la nueva tasa de residuos impuesta a los ayuntamientos por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, organizada por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), en colaboración con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL).
Durante el acto, el Interventor del Ayuntamiento de Torrelavega, Casimiro López, ha expuesto las principales particularidades que es preciso tener en cuenta a la hora de elaborar la ordenanza correspondiente, así como la memoria económica. También ha aclarado las dudas que le han planteado los presentes sobre la citada norma. Finalmente, se ha puesto a disposición de los asistentes para aclarar todas las cuestiones que se presenten por escrito a través de la Federación.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo del presidente de la FMC, Javier Camino, quien ha explicado a los presentes que la iniciativa era consecuencia de los acuerdos de la última Comisión Ejecutiva de la Federación en la que todos los alcaldes expresaron su inquietud por la obligación de los ayuntamientos de aplicar la tasa de residuos impuesta por el Gobierno de España, que ha de entrar en vigor el próximo mes de abril, conviniendo en buscar una postura común lejos de colores políticos.
Además, a petición de la Federación, COSITAL está elaborando una ordenanza fiscal que sirva de modelo a todos los municipios, una vez adaptada a las características de cada uno.
Asimismo, por encargo de la propia Federación, el Grupo de Ingeniería Ambiental de la Fundación Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria está realizando un estudio particularizando la tasa a las características de la Comunidad Autónoma.
El presidente ha expresado su queja porque la nueva Ley impone a los ayuntamientos la obligación de repercutir a los vecinos el coste real de ese servicio, en aplicación del principio de que quien más contamina, más paga. Para la Federación es una medida que no respeta la autonomía municipal porque deben ser los ayuntamientos los que decidan las tasas que se cobran a los ciudadanos y los servicios a los que afectan. Tradicionalmente los municipios han entendido que tanto el agua como la basura eran unos servicios básicos y por ello han tenido un coste para los vecinos por debajo de su precio real.