La FEMP pide conocer las medidas a adoptar en financiación local ante la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado

La Federación sigue pendiente de información sobre reglas fiscales y regla de gasto a partir de 2024

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, se ha dirigido a la ministra de Hacienda, y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, para conocer las medidas a adoptar desde el Ejecutivo de cara a paliar las consecuencias que tendrá para los Gobiernos Locales la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y la prórroga de los de 2023. Se refiere, en concreto a cuestiones como la actualización de los importes de las entregas a cuenta con la previsión de los ingresos tributarios del Estado; de la aprobación de suplementos de crédito para poder atender el pago de la liquidación definitiva de 2022; y de la reclamación del incremento de la subvención anual al transporte público colectivo urbano en 19.734,53 miles de euros, entre otras. Así lo ha explicado a los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial de la Federación que han celebrado en Madrid sus reuniones ordinarias.

En su intervención, García-Pelayo también se ha referido a otras cuestiones de interés para los Gobiernos Locales que siguen pendientes, como las nuevas reglas fiscales y el funcionamiento de la regla de gasto a partir de 2024, así como las previsiones del Ministerio de Hacienda en relación al impuesto de plusvalía, especialmente después de los últimos pronunciamientos judiciales.

Asimismo, en relación con la tasa de residuos que los ayuntamientos deben tener aprobada en abril de 2025, tal como establece la Ley de Economía Circular, ha explicado que ya se ha celebrado la primera reunión del Grupo de Trabajo conformado por técnicos del Ministerio de Hacienda, el de Transición Ecológica y de la propia FEMP. Este grupo trabajará para buscar la forma de ayudar a los ayuntamientos para la aprobación de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria sobre residuos, contemplada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se reunirá nuevamente a principios de abril. Con ello se pretende que a la hora de cumplir con esa obligación legal los Ayuntamientos puedan actuar con las máximas garantías de seguridad jurídica que eviten impugnaciones y recursos.

En la presentación de su informe, la presidenta también ha dado cuenta de la reunión mantenida con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de cara a impulsar y modernizar el proyecto ATENPRO, y anunció el próximo lanzamiento del proyecto para el establecimiento de un Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), que incluye la creación de una plataforma de datos multisectorial que agrupe toda la información recogida por las ciudades y territorios inteligentes. El proyecto se promueve desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.